El estatut como excusa
Los más jóvenes apenas recordarán una guerra –afortunadamente breve- que ocurrió cuando un dictador criticado por su pueblo y agobiado por la crisis económica usó la bandera del patriotismo y consiguió –gracias a ello- un fuerte apoyo popular –también afortunadamente breve. Me refiero a la Guerra de las Malvinas por las que el ejército argentino ocupó estas islas inglesas (y de hecho conocidas por ellos como “Falkland Islands”) y que duró el tiempo que tardó la potente armada inglesa en llegar a la zona. Fue una guerra en la que Argentina no tenía ninguna opción pero quizás Galtieri (el dictador al que me refería) pensó que vendiéndola como una guerra anticolonialista y dada la poca importancia de estas islas para el Reino Unido podría salir bien parado y postergarse en el poder.
Desgraciadamente en la Historia hay muchos ejemplos como éste, en el que un gobierno o un líder provocan un salto del país hacia el precipicio para de este modo esconder su mala gestión y recuperar el apoyo popular perdido. No puedo evitar pensar eso en la última maniobra del PSC. La Generalitat y sus socios parecen estar más preocupados por castigar a comerciantes que rotulan en castellano o por la selección catalana de fútbol que por los crecientes problemas de los catalanes, por eso los votantes piensan retirarles el apoyo en pocos meses. Ahora Montilla, ante la perspectiva de la derrota electoral, se pelea con el PSOE y entabla una peligrosísima guerra contra la legalidad desafiando una decisión del Tribunal Constitucional. Seguro gana algún voto pero que un presidente autonómico no acate el criterio de una institución estatal superior abre una posible crisis institucional en el peor momento económico en décadas. Creo que irresponsabilidad es un adjetivo que en estas circunstancias se queda corto.
Yo estoy a favor del derecho de autodeterminación y si los catalanes quieren ser independientes tienen derecho a serlo y a negociar una separación ordenada de España pero estoy en contra de los políticos que se dedican a engañar y a tirar balones fuera para justificar su ineptitud. Primero habría que explicar qué ventajas conllevaría una hipotética independencia de Cataluña pues el futuro sólo es bueno si se mantiene dentro de Europa y eso sólo lo conseguirá si no hay ruptura a las malas ya que España tiene derecho de veto al ingreso de cualquier nuevo socio. También deben explicar qué diferencias sustanciales que supongan una mejora habría entre la situación actual y la independencia pues se adivinan escasas. Este es un tema muy amplio pero centrándome sólo en el plano económico, principal preocupación a día de hoy de los ciudadanos, siendo el mercado principal de las empresas catalanas el español (se pueden consultar las cifras de La Caixa, Nutrexpa –fabricante del Cola Cao-, Freixenet, Planeta etc.) ¿Han tenido en cuenta el impacto de una confrontación como la que sugieren? ¿Qué futuro tendrán las empresas catalanas?
Y mientras Cataluña sea parte de España no puede tener un ley que no sea constitucional. Es tan fácil y claro como eso. ¿Qué hay que cambiar la Constitución? Por supuesto, llevo años diciendo que es poco democrático que nuestra imperfecta “ley de leyes”, redactada con una buscada ambigüedad para buscar un amplio consenso, sólo la hayan elegido los que nacieron antes de 1960, claramente una minoría en la actualidad. Hay que mejorarla y volverla a votar, y en base al texto resultante los estatutos de economía se supeditarán a ella. Como debe ser. Cualquier otra opción es ilegal, irresponsable y un error de proporciones históricas.
July 7th, 2010 at 08:38
Es una verguenza la situación en que ha quedado el Tribunal Constitucional y como se ha jugado con los principìos de generalidad de la ley y la actuacion seria y responsable de las administraciones públicas.
Dicho esto y ya que comentas el tema de la autodeterminacion, el mismo derecho que tienen los catalanes de sentirse como quieran sentirse e incluso independizarse, no quiere decir que se margine al resto de los españoles, que tambien podemos sentir a Cataluña como parte de España y queremos seguir siendo “españoles sin cirujias”.
La voluntad de unos pocos no puede ponerse por encima de la voluntad de todos. El sentimiento nacionalista es tan válido para el catalan como para el Andaluz y si alguien quiere consultas populares que pregunten a TODOS los españoles si quieren que una parte de España desaparezca o que España se aniquile en pequeños reinados.
Lo que está claro es que la Constitución está para lo que está y no para ser menospreciada o esquivada. Si alguien quiere cambiarla que lo haga, que no es una ley inmutable y de hecho, necesita mejorar, pero que la ley que tengamos, que la respeten.
Una cosa es la legalidad y otra la legitimidad. Los poderes públicos están jugando con fuego cuando ponen en duda la legitimidad de las propias instituciones, semilla de la desobediencia civil y los desordenes públicos y, a sabiendas de ello, en España se ha llegado a poner en cuestión la legitimidad de unas elecciones fruto del 11M (Poder ejecutivo y legislativo) hasta del Poder Judicial, por estar parte de sus miembros sin renovación y sujetos a intereses políticos.